El presente editorial refleja una gran inquietud ciudadana respecto a la continuidad del proceso electoral como consecuencia de las tensiones entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Estas han judicializado una actividad sustantiva del hecho democrático: el ordenamiento que lleva a la libre expresión del pueblo en la determinación de a quiénes entrega la conducción de su destino. De momento, pareciera que no hay una salida jurídica; los especialistas en materia constitucional se pronuncian de distinta manera, otorgando la razón a uno u otro de los organismos de la Función Electoral en pugna. Se llega hasta a la denuncia, no comprobada, de reuniones secretas con dirigentes políticos.

La situación no puede continuar. Abochorna a los electores la caricatura democrática que vive el Ecuador. Nuestra imagen en el exterior, ya lesionada por los escándalos de malos manejos de los fondos públicos, se vuelve poco respetable. Mientras tanto, se pone en riesgo el cumplimiento del calendario electoral, amenazado además por un potencial rebrote de la pandemia. El CNE debe cumplir sus deberes sin caer en la trampa de oscuros e irresponsables comportamientos. Sobre sus miembros recae la responsabilidad de la organización de las elecciones.