Vaya el respeto a la familia del prefecto del Guayas por delante ante su fallecimiento inesperado. Deja esa ausencia un ambiente enrarecido, entre quienes recuerdan a un portero notable o su carrera como comunicador o su paso, últimamente, por la política.

Ese clima de respeto ante la desaparición trágica de un ser humano, no obstante, no puede silenciar o suavizar el trabajo de fiscalización que requiere el buen uso de recursos públicos.

La figura del prefecto estaba inmersa en una investigación cuyo curso debe mantenerse en respeto también a los ciudadanos, a los guayasenses, con el objetivo de verificar si hubo un perjuicio ocasionado por una presunta trama -integrada por más miembros que la máxima autoridad provincial- al bienestar colectivo.

La corrupción es un mal que ha demostrado estar enraizado en las instituciones en estructuras organizadas que van más a allá de un solo responsable. Es necesario depurar a quienes hacen mal manejo de los recursos públicos y esa tarea es impostergable por el bien de la ciudadanía y del futuro de un país que arrastra años -incluso décadas- de desconfianza ante el rol de sus representantes.