Sabido es que la administración pública ecuatoriana no es un modelo de gestión. Si a ello se le suma la enorme pandemia de corrupción que la azota y un crónico burocratismo centralista, solo queda señalar que salvo en las excepciones que confirman la regla, se está requiriendo urgentemente un reordenamiento total de ella. Si lo señalado es cierto para la administración pública en general, el tema adquiere trágica relevancia cuando se observa la gesión del sector de la salud pública. Sobrepasado por la COVID dada la multiplicación de los casos, y desprestigiado por los episodios de corrupción, su reestructuración a partir del trabajo de conocedores de la materia en el respectivo ministerio, es un imperativo. Aunque la COVID-19 y la ansiada reactivación económica explican el énfasis del nuevo gobierno en vacunar, el tema de la salud pública nacional es bastante complejo.

Los índices de desnutrición infantil en el Ecuador son de vergüenza, la mortalidad materna igualmente, y hay múltiples señales de que todo ello coexiste con un deterioro de la salud mental, para solo mencionar algunos de los temas más relevantes. Cabe entonces insistir en erradicar la politiquería y la corrupción de tan importante cartera de Estado, entregando su conducción a un buen equipo de salubristas.