La pulcritud pública se refiere al conjunto de actitudes que, en el manejo de los dineros de los contribuyentes, o, en el caso del IESS, de los afiliados, observen la necesaria corrección, diligencia, transparencia y eficacia requeridos cuando se sirve el interés público. El respeto que las instituciones del Estado demandan para ejercer la autoridad es consecuencia directa de la pulcritud de quienes toman las decisiones y administran los dineros.

Es una práctica ausente en la compra de insumos para atender la emergencia del Covid-19. No es pulcro calificar a empresas que no muestran actividad comercial, que no han pagado impuestos, que no tienen hoja de vida y cuyo objeto social no es el requerido. No es pulcro, y es impresentable, el admitir como válidas, cotizaciones de precios que no se compadecen con el mercado. Los sobreprecios y la calidad inferior de los productos ofertados son demostraciones palpables de la corrupción, un mal peor que cualquier virus mortífero que nos azota.

El gobierno y el Estado, llamados a proteger el interés público, deben responder inequívocamente, so pena de aparecer como alcahuetes del robo organizado que carcome al país en momentos de angustia.