A manera de ritual sacramental, anualmente los dirigentes laborales se empeñan en proponer demandas estrafalarias respecto de los salarios, esgrimiendo el estribillo de la brecha entre los salarios existentes y la canasta de consumo familiar. Ignoran en sus argumentos realidades incontrovertibles como que la canasta se refiere a la familia como unidad productiva (4,5 personas, donde 2 mantienen el hogar); desconocen los beneficios de los décimos y del régimen previsional, y el reparto de utilidades y otras prebendas dispensadas por las empresas, en los casos aplicables. 

Es más dislocada aún la posición en tiempo de la pandemia. La COVID ha cobrado medio millón de empleos que dejaron de existir como consecuencia del cierre de empresas. De ahí que insistir en alzas salariales está totalmente fuera de lugar. Estas, además, no se justifican por ninguna de las razones técnicas referenciales, fueren la deflación, la caída de la productividad, el descalabro fiscal y productivo, y la ausencia de crecimiento económico ante una caída que supera el 12 % del PIB.

La defensa de los intereses laborales debe centrarse en la generación de empleo productivo, y no en remuneraciones carentes de sustento.