Tras la culminación del estado de excepción en todo el país, decretado para salvaguardar la vida de la población por la emergencia sanitaria del coronavirus, la normalidad comienza a imponerse en las calles. La sociedad retoma sus actividades habituales en medio del desorden y la incertidumbre ante la alerta de un posible rebrote de la enfermedad. Atrás quedaron las calles inhóspitas de tiempos de pandemia y vuelven los trancones de vehículos que a un ritmo frenético transportan a miles de personas que pugnan por llegar a sus trabajos. La reactivación productiva es casi un hecho, aunque sin reglas claras para comenzar a recuperar las millonarias pérdidas que dejó el virus, al igual que el pago de las deudas con los bancos, los servicios básicos, arriendos, entre otros rubros que deberán saldarse en los próximos meses, cuando se evidencie la realidad económica ecuatoriana. El cumplimiento de las obligaciones financieras ayudará, sin duda, a refrescar la economía, pero con opciones reales para poder afrontarlas. No se puede ignorar que millones de personas se quedaron sin empleo y otros acudieron a la informalidad para sobrevivir. Por ello, deudores y acreedores deberán buscar fórmulas viables para resolver conflictos y evitar así costosos procesos judiciales.