Es bochornoso el espectáculo escenificado por las instituciones que conforman la Función Electoral. Precedidas por un halo de dudas respecto a la probidad de sus actos, dadas las experiencias de los últimos sufragios, las recientes actuaciones de algunos de sus miembros han tenido el efecto de ratificarlas y ahondarlas.

Así, cuando el Ecuador está a las puertas de un nuevo proceso electoral, el panorama que lo rodea es turbio, extravagante la cantidad de candidatos, consecuencia directa de la proliferación de los partidos políticos que, pese a recibir asignaciones del Estado a efecto de la capacitación de sus afiliados, la evidencia deja ver que muchos de ellos se muestran haciendo gala de una cristalina ignorancia. Con esa degradación de su membresía y también de su dirigencia, las agrupaciones políticas dan la imagen de aglomeraciones electoralistas, sin doctrina ni honor, dispuestas a venderse o a dejarse alquilar por el mejor postor.

Profundas reformas al denominado Código de la Democracia y a la Constitución de la República son urgentes, a fin de ordenar la Función Electoral y el régimen de partidos y movimientos políticos. Si no se procede en consecuencia, la democracia ecuatoriana no tiene ningún futuro y si ello ocurre nada garantiza un porvenir en progreso y libertad.