Nadie trabaja gratis
Se ha recurrido a la fórmula ad honorem en el entorno de la Presidencia sin que quede claro cuánto tiempo dedican, qué funciones tienen, qué capacidad de decisión y uso de recursos públicos ostentan y si pueden ser fiscalizados.
Todo el que trabaja, colabora, contrata o tiene proyectos con el Estado debe constar, como corresponde, en los registros. Esta controvertida figura de asesor ad honorem, pese al título bondadoso que habla de alguien que trabaja sin remuneración, está en tela de juicio. Se ha recurrido a esta fórmula con nueve personas en el entorno de la Presidencia de la República sin que quede claro qué funciones cumplían, qué capacidad de influir en la política pública tenían, qué decisiones podían tomar respecto al uso de recursos públicos y de qué forma material o inmaterial se les agradeció por su tiempo de servicio.
La transparencia es el pilar de la honestidad en la función pública y aquí está chocando con la naturaleza de un cargo del que no queda claro si está sujeto a la fiscalización de la Contraloría y a las limitaciones de los servidores públicos. Difícilmente así será posible evitar conflictos de intereses y, en los peores casos, la depuración de responsabilidades bajo el halo de una misión que orbita en torno a la Administración Pública.
Nadie trabaja gratis. Y aunque se podría presumir la generosidad y buena voluntad de los cargos honoríficos, es imperativo aclarar los matices sobre cómo se benefician los ejercientes de su posición.
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