TCE impone multas a dirigentes de Yasunidos por diferencia contable de 39 centavos

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral emitió este 7 de abril una sentencia contra el colectivo Yasunidos que impone multas de 9.000 dólares a dos de sus miembros. La entidad estatal justifica esta sanción económica argumentando una diferencia en la clasificación contable de 0,39 dólares dentro de los registros de la organización.

El conflicto jurisdiccional y normativo que denuncia Yasunidos

Esta medida administrativa, alega el colectivo, afecta directamente a la estructura que impulsó y defendió la consulta popular del Yasuní durante una década. Ante la emisión de la resolución, la agrupación reclama que la acción representa un acto de persecución política y establece un precedente gravísimo para la democracia y el derecho a la participación social en el país.

Yasunidos detalla en su defensa técnica que no operan jurídicamente como un partido político, sino bajo la figura de un colectivo ciudadano. Bajo ese contexto legal, reclaman que las autoridades electorales pretenden sancionarlos aplicando normas que fueron diseñadas de forma exclusiva para organizaciones políticas, valiéndose de interpretaciones forzadas y desproporcionadas.

"Aquí no se sanciona una infracción real. Se castiga la participación. Se castiga a quienes defendieron la naturaleza y enfrentaron los obstáculos del propio Estado", especifica el pronunciamiento oficial de la organización.

Acción extraordinaria ante la Corte Constitucional

Como respuesta legal a la decisión arbitral del tribunal, la organización anunció que ejecutará de forma inmediata una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. Este recurso tiene como objetivo defender los derechos vulnerados de sus miembros y blindar el derecho de la población a participar activamente sin temor a represalias burocráticas.

Finalmente, mientras el aparato electoral ejecuta estas sanciones administrativas, los voceros de Yasunidos cuestionan que la decisión ciudadana votada en 2023 para frenar la explotación del Yasuní continúa sin cumplirse por parte del Estado.