Miles de ciudadanos reclaman a diario por sus elevadas planillas de consumo eléctrico, pero deben atenerse a lo que decida la empresa pública. Se suspende el servicio de internet o de televisión por cable, pero la empresa privada proveedora no reconoce las horas o incluso días que el cliente no contó con él y este termina pagando el valor mensual sin ningún descuento. El ciudadano que se quedó sin trabajo o cuyo emprendimiento quebró por efecto de la pandemia, y está atrasado en sus pagos y con sus tarjetas de crédito al tope, es acosado por sus acreedores con llamadas de cobranza sin que se considere su situación apremiante y sin una disposición gubernamental que lo ampare y le dé un respiro para superar la crisis. Familias que sufren los efectos por malos olores de las lagunas de oxidación, del estero contaminado, de cañerías de aguas residuales rotas. Ninguno tiene a quién reclamar. Nadie los representa.

La misión de la Defensoría del Pueblo es proteger y defender, de oficio, o por pedido de las partes, las violaciones de los derechos de la población. No obstante, su accionar, al menos lo que ha trascendido a la opinión pública, se ha limitado al ámbito político, cuando a diario son tantas las infracciones que se cometen contra el consumidor, sin que nadie lo defienda.