Todo ese lujo con cuatro ruedas importado bajo exoneración de tributos no es gratis. Al particular, que abusa ilegítimamente de un recurso legal, le sale más barato. Pero lo cubre el contribuyente. Es decir, todos. Es decir, usted que paga impuestos está costeándole los beneficios a quienes se aprovechan de las ayudas a la discapacidad.

Es claro que el recurso es legal. Con una discapacidad, existe el derecho de acceder al beneficio. Pero una cosa es lo legal y otra lo ético. Y ese aspecto, el de la moral, o se tiene desde siempre, ocupando o no una plaza pública, o no se tiene.

El punto de fuga en este asunto es la legislación. Los aprovechados se amparan en no haber irrespetado la ley. Una ley que otorga beneficios desenfocados y por tanto, se convierte en un anzuelo para los corruptos. Si el objetivo es facilitar la vida y apoyar desde el Estado a las personas con discapacidad, la norma debería restringir las exoneraciones y cualquier otra ayuda estatal a instrumentos, insumos, tratamientos, medicamentos y servicios que estén directamente relacionados con esa discapacidad. Si son carros, que sean adaptados. Si son medicinas, que sean más baratas. Si son cuidados especializados, que los cubra el Estado. Es una lógica que reduce el margen de corrupción.