La caótica situación por la que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de larga data. La pandemia del coronavirus solo fue el corolario de un pésimo y corrupto sistema administrativo tolerado por quienes lo han manejado como botín político o caja chica de los gobiernos de turno, para beneficio de indolentes fortunas que se gestaron con dineros de los afiliados gracias los sobreprecios. Estos negociados tampoco son nuevos, llevan décadas enquistados y tolerados por las altas esferas del poder, donde descansa la impudicia. Hasta el momento, ninguno de los responsables ha sido sancionado, mientras millones de personas pugnan en los hospitales por las medicinas que les pertenecen por derecho propio. Los famosos directorios también tienen responsabilidad en este caos, por lo que los representantes de trabajadores y empleadores están obligados a rendir cuentas sobre su gestión. Por su parte, el régimen, el principal deudor de la seguridad social, ha permanecido indiferente ante una contundente realidad: el IESS está quebrado. Es urgente que se pague la deuda con la institución para recuperar su liquidez, reestructurarlo para volverlo eficiente y que se legisle para mejorar la situación de la clase laboral, pero de nada servirá si no se castiga a los corruptos de una buena vez.