Los proyectos de ley referentes a la extinción de dominio y a la protección de la dolarización se han topado contra barreras aparentemente infranqueables en la Asamblea Nacional. El descrédito del denominado primer poder del Estado ante la opinión pública en medio de la pandemia de corrupción y sus episodios ininterrumpidos de escándalo hacen pensar que lo que se pretende es proteger a todos aquellos miembros de la clase política que tienen, como se dice vulgarmente, “rabo de paja”, presente o pasado, manteniendo sus fortunas mal habidas y cuotas de poder. A su vez, el rechazo arbitrario e ilegal por parte del CAL del proyecto de ley de protección a la dolarización es inaceptable pues revela una actitud de condescendencia respecto del anunciado propósito de la candidatura del correísmo de utilizar los depósitos del Banco Central para cualquier otro propósito que no sea el de garantizar la liquidez de la economía nacional.

Los dos temas, el combate a los corruptos y la protección de la integridad de los dineros de los depositantes, son asuntos de fondo que no pueden ser ignorados en la concepción de la política pública. La Legislatura, en sus postrimerías, demuestra una vez más su incapacidad para actuar en defensa del interés de los ecuatorianos.