Historias repetidas en la Asamblea Nacional. Apenas 111 días en funciones y las denuncias de actos irregulares de los legisladores empiezan a mellar aún más la alicaída credibilidad y transparencia institucional, que cuando candidatos, dijeron que iban a recuperar. Han hecho todo lo contrario.

¿Cómo el pueblo puede creer en la labor fiscalizadora si hay quienes están cuestionados por sus actuaciones? Su ética y su honestidad han sido puestas en duda. Y también su capacidad y su preparación. ¿Cómo el pueblo puede volver a confiar en el Parlamento y en la asambleísta de Pachakutik que llama “descontextualización” a la arenga de “robar bien” que hizo en una convención indígena, y por la que en lugar de censura y destitución recibe una sanción de ocho días de suspensión en el ejercicio de sus funciones? ¿Cómo los ecuatorianos pueden esperar transparencia en las investigaciones sobre hechos de corrupción si la segunda vicepresidenta de la Asamblea (ex-PAIS y ex-ID), miembro del Consejo de Administración Legislativa, está acusada de cobro de coimas a cambio de gestionar cargos públicos? Su defensa, con el argumento de que fue víctima del “abuso de confianza de su equipo asesor”, es poco creíble cuando los mensajes salieron de sus propios equipos de comunicación.