Lavarse las manos sirve para evitar contagiarse del coronavirus, pero también para evitar tener que decidir hacia dónde inclina la balanza nacional: la salud o la economía. Ante la necesidad de reactivar las actividades para mover la economía, pero sobre todo para dar un sustento a la población, entendida esta como ciudadanos y sector empresarial, el Gobierno siente la presión de acelerar la retirada de restricciones con las que ha pretendido, con relativa eficacia, por ser generosos, frenar la expansión de la enfermedad. El dilema es claro: o cedo ante el hambre, el desempleo y la quiebra; o cedo ante el riesgo de anotar más víctimas a la epidemia. ¿Cómo ha resuelto la ecuación? Con una lavada de manos. No para evitar el contagio, sino para evitar tomar la decisión. Escudándose en la legislación que le faculta, pero ignorando la responsabilidad moral que supone haber sido elegido para gobernar, en las buenas y en las malas, como los matrimonios, el Ejecutivo con una tranquilidad pasmosa ha delegado en los cantones la responsabilidad de decidir si deben levantarse las medidas o seguir paralizados. Eso sí, con base en las cifras que el Gobierno ha preparado y sin importar si se trata de cantones grandes con una estructura similar a la de un país, pero a escala, o si son pueblecitos. ¿Para qué activaron el COE si no querían poder?