Todo pacto social, y el nuestro no es excepción, tiene como fundamento la retribución, esto es, el acto por el cual los ciudadanos aceptan pagar los impuestos bajo la premisa de que el gobernante, actuando responsablemente, retribuya con bienes y servicios a la sociedad. De acuerdo con los términos del pacto, el Estado proveerá infraestructura física, educación, salud, protección y seguridad, administración de justicia, y todo aquello que la convivencia social requiere.

El Estado ecuatoriano y su gobierno son remisos en la retribución y existe una gran asimetría entre los impuestos pagados y los bienes y servicios recibidos. Contablemente, los impuestos sirven para cubrir los roles de pago y los gastos operativos del Gobierno. Todos los demás componentes del gasto público (incluyendo el consumo de combustibles) quedan rezagados al capítulo del crédito público (para ser pagados por lo contribuyentes). Hay, para dar un ejemplo revelador de lo expuesto, un Ministerio de Salud inoperativo, por lo que dicho componente de la red de protección social queda en manos del IESS, entidad que es a su vez asediada por el Gobierno que absorbe sus recursos. ¿Es así como queremos continuar conviviendo?