El incendio registrado en el edificio de la Contraloría durante las protestas de octubre pasado, puso en peligro miles de documentos e información relacionada con casos de corrupción cometidos en los últimos años. 

Fueron tres pisos del emblemático edificio destruidos por las llamas, aquel día en el que se quiso atentar contra un país convulsionado por grupos que fomentaron el caos para desaparecer de la memoria colectiva los atracos y abusos de poder.

A tres meses de estos incidentes, poco o nada se conoce acerca de las reales pérdidas de procesos judiciales relevantes que puedan a esclarecer aquellas irregularidades o en qué estado se encuentran. Tampoco se ha logrado identificar a los responsables de estos hechos, por lo que es momento de exigir respuestas para evitar que una vez más reine la impunidad. 

El organismo de control no debe claudicar en su lucha para devolverle a la sociedad la confianza en el sistema. La única forma de hacerlo es transparentando la información sobre las acciones a seguir y retomando de inmediato las investigaciones urgentes, antes de que los tiempos políticos y nuevos escándalos las sepulten para siempre. No hay tiempo que perder.