La aparente tranquilidad lograda tras el estado de excepción decretado como reacción a los atentados de inicios de noviembre en Guayaquil camufla el avance silencioso de las extorsiones a nivel nacional. Este año la Policía ha registrado más de 4.000 casos en todo el país, sobre todo en Guayaquil y Quito, pero las vacunas ya se cobran en Cuenca, Playas, Pascuales y muchos más cantones y parroquias del territorio nacional, afectando a comercios grandes y pequeños, a prestadores de servicios y a profesionales, y a los más diversos sectores productivos: agropecuario, camaronero, pesquero, transporte fluvial, puertos, construcción, con valores que van desde los $ 100, a $ 2.000 e incluso $ 10.000 mensuales, de acuerdo al nivel económico o el tamaño del negocio de quienes son amenazados, y que deben ser pagados a los extorsionadores para seguir operando con normalidad y “protegidos”.

Las medidas a tomar van desde acciones disuasivas con presencia policial y/o militar fija, patrullajes frecuentes en circuitos aleatoriamente definidos en carreteras y calles, en esteros, ríos y en el borde costero; hasta estrategias de inteligencia y vigilancia monitoreada 24/7, así como la discusión de leyes que permitan la autodefensa, como tenencia de armas y un estricto control de antecedentes penales a quienes ingresen por las fronteras.