La violencia, la lucha por territorios y el negocio de cobrar a cambio de protección imperantes en las prisiones se está propagando por toda la ciudad. Las mafias de todo tipo están reproduciendo el sistema de pagos para garantizar la seguridad de los reos en las prisiones, amenazando a los habitantes de los distintos sectores de la urbe con el mismo ‘modus operandi’. Quienes viven en el sur fueron las primeras víctimas de la extorsión, que hoy se da en barrios del noroeste e incluso en negocios y plazas comerciales. Pero las vacunas no solo se están exigiendo en el Puerto Principal. También los camaroneros y tal vez ya más sectores productivos están empezando a pagar un depósito inicial, al que se suman cuotas mensuales para garantizar resguardo y defensa contra la agresión que sus mismos “guardianes” les infringirán en caso de incumplir con el canon acordado.

El Estado ecuatoriano en su totalidad (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen la obligación de elaborar una estrategia urgente y efectiva para extirpar esta inteligencia criminal que empieza a contagiarse rápidamente por todo el territorio y que no permite a una población ya agobiada por la crisis, ni trabajar ni vivir en paz, lo que terminará engendrando más delincuencia e incluso migración al exterior.