El correísmo convirtió a la figura del error inexcusable en una de sus más poderosas herramientas de gestión. El Consejo de la Judicatura, encargado de la administración del sistema judicial, se constituyó en la práctica en ente dirimente, haciendo realidad la anunciada metida de mano en la justicia. Las comparecencias y testimonios de prófugos y PPL confirman las sospechas de irregularidades cometidas a lo largo de la década gobernada por la revolución ciudadana, reforzando la teoría de que el presidente de la República y el presidente del Consejo de la Judicatura de ese entonces son responsables de haber instaurado una fórmula de coerción que afectó profundamente la independencia de la función Judicial. Dichas declaraciones ponen en mal predicamento a la justicia ecuatoriana, que amerita una profunda reforma. Es también indispensable una investigación que conduzca a la sanción de quienes perpetraron tan grave afectación al país. Las numerosas sentencias cuestionadas, las destituciones de jueces no debidamente justificadas deben ser resarcidas y evidenciar la presión ejercida por el poder correísta en los procesos legales. No puede quedar impune el mayor error inexcusable cometido en la historia reciente del país: la politización de la justicia.