Sin caer en un optimismo ilusorio, todo inicio de un nuevo gobierno resulta esperanzador. Bien vendría aprovechar ese sentimiento para efectuar de común acuerdo algunas reformas indispensables. Partiendo por el principio, si es que institucionalmente el ejercicio de la política depende -entre otras variables- de la estructura de los partidos, su reforma es imperativa. 

Uno de ellas, trascendente, atañe a su financiamiento, cuando parece quedar claro que otorgado por cuenta del Estado siempre luce como despilfarro, más aún en tiempos de crisis económica y peor todavía cuando hay certeza de que dichos recursos no siempre fueron utilizados para los fines que la ley establece. 

Conviene entonces pensar en que los partidos deben financiarse con contribuciones de sus afiliados y simpatizantes, y no con fondos públicos, que por lo demás, en la manera de distribuirlos prevista en el Código de la Democracia, apoyan a partidos hegemónicos en detrimento de las nuevas organizaciones políticas que intentan hacerse un espacio en el espectro político nacional. Lo planteado es un tema debatible, pero precisamente de eso se trata, de aprovechar la coyuntura para revisar y recomponer, en momentos en que el descrédito de las estructuras partidistas es llamativamente negativo.