Los resultados proyectados en encuestas y anunciados por una pléyade de autodenominados analistas políticos, revelaron cifras ajenas a la realidad. Surgimientos como los de las candidaturas de Pachakutik y la Izquierda Democrática no fueron registrados, demostrando la falta de profesionalismo de quienes diseminaron información falsa, inundando los espacios informativos con propaganda perniciosa.

Para que las encuestas, a boca de urna o no, tengan validez deben observar protocolos estrictos de escogimiento de muestras, denominadas “típicas” del universo (en este caso intención de voto) que se estudia. Cuando no se cumple ese requisito la dispersión de los números reportados reflejan más bien quién es el cliente del encuestador o analista, y paga por los servicios ofertados. Es el caldo de cultivo para la confusión, más aún si las mismas autoridades hacen pronunciamientos de resultados -como cuando se afirma imprudentemente que una “muestra está estabilizada” sin estarlo-, creando expectativas que provocan zozobra. La mentira estadística constituye un delito contra la fe pública y debe ser rigurosamente reprimida si queremos fortalecer la democracia ecuatoriana.