Las actuaciones de las autoridades dejan al descubierto el desconocimiento que tienen sobre lo que el Estado debe hacer para prevenir los maltratos físicos y psicológicos contra las mujeres, que mucha veces terminan en femicidio.

Los esfuerzos de las instituciones han estado concentrados en proporcionar asistencia y servicios a las sobrevivientes de la violencia, olvidando que esta tiene sus raíces en la discriminación diaria basada en el género. La prevención es la única vía para evitar los ataques y las muertes.

Hay que recordar que el femicidio es la punta del iceberg de la violencia, contra la que hay que luchar con un proyecto educativo integral, desde todos los escenarios posibles: las escuelas y los colegios, las empresas, las universidades públicas y privadas y las entidades del Estado.

Hay que trabajar en los barrios y, casa adentro, en el cambio de comportamiento y actitud de los niños y jóvenes, en la modificación de las normas sociales que aceptan la violencia, y en los estereotipos de género que la perpetúan.

Sin abordar las causas estructurales y los factores de riesgo de los femicidios, no se lograrán ni la prevención ni la protección que tanto se anhela.