Editorial: El silencio oficial no es una opción
El silencio sobre las fallidas contrataciones eléctricas del Gobierno obliga a exigir respuestas claras
En un país que se precie de ser regido por la democracia y la transparencia, el Gobierno de turno no solo debería estar obligado a rendir cuentas ante la ciudadanía; sus instituciones de control también deberían estar evidenciando y garantizando este derecho fundamental. El silencio ‘ensordecedor’ que ha rodeado durante meses a las fallidas contrataciones que el Gobierno firmó con dos empresas para proyectos de generación eléctrica debe llevar a los ecuatorianos a exigir respuestas claras.
Las autoridades responsables no han dado explicaciones; la Asamblea Nacional, asimismo, ha permanecido muda ante una irregularidad denunciada, en sus inicios, por el propio Gobierno. Los legisladores parecen olvidar que no solo se deben a sus partidos políticos, sino a cada uno de los ciudadanos que votaron por ellos para que tengan una representación de control en el Legislativo.
Los ecuatorianos merecen una explicación integral y transparente pues lo que está en juego es dinero público. Son contratos millonarios y en uno de ello ya se ha entregado alrededor del 70 % de los recursos, sin que se vean resultados tangibles; por el contrario, la situación ya ha desembocado en un arbitraje internacional que podría significar costos millonarios adicionales para el Estado.