La población de El Salvador decidió la continuidad del gobierno por la seguridad lograda en los últimos años, lo cual redunda en el retorno de la tranquilidad perdida durante tres décadas.

La disminución de los niveles de violencia y de criminalidad a mínimos históricos sí fue posible en esa nación que hace diez años era la más violenta de la región. Y fue lograda por la decisión de sus autoridades gubernamentales pero también por el apoyo que recibió del pueblo que, con su voto en las urnas, aprobó la reelección.

El Gobierno ecuatoriano debe aprender de El Salvador que con decisiones y acciones concretas es posible desmantelar a los grupos criminales que causan el terror en la población y empujan las migraciones masivas.

La lucha criminal, en la que están obligadas a intervenir todas las instituciones del Estado, debe incluir a las redes de corrupción que se apoderan de los dineros de las arcas públicas.

La sostenibilidad de las decisiones y de las acciones es imprescindible para el éxito de las operaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. El control de los centros carcelarios es fundamental para que se no se conviertan, como ya ha ocurrido en el país, en centros de operaciones de las bandas criminales.