Editorial: Un pacto de no agresión sancionable
Los ecuatorianos cada vez que acudimos a las urnas lo hacemos para tener verdaderos representantes
Han pasado casi seis meses desde que las nuevas autoridades locales, tanto alcaldes como prefectos, asumieron funciones, pero poco se ha dicho acerca de qué tan servido o no quedó el despacho que asumieron, o sobre las irregularidades halladas en la administración de sus predecesores. Ha sido un gobernar limitado que, pareciera, transcurre bajo un pacto cuestionable de no desenmascarar a nadie, de no agredirse.
Comprometerse ante el ciudadano a no desencadenar polémicas innecesarias en redes sociales, con epítetos y acusaciones que carecen de argumentos, siempre será bienvenido, pero eso no debe implicar que los actuales gobernantes dejen de observar la gestión pasada. Algunos ya han expuesto públicamente el desfalco de recursos que existió en ciertas direcciones, pero todo esfuerzo se desvanece si de por medio no se formalizan denuncias y no se señala a reales responsables. Parece que hablar de corrupción se ha convertido en algo malo en este país, pero para acabar con este sistema perverso es imprescindible no callar. Los ecuatorianos cada vez que acudimos a las urnas lo hacemos para tener verdaderos representantes, que no solo ejecuten políticas de bienestar sino que rindan cuentas y cuiden cada centavo que aportamos al Estado a través del pago de impuestos. De esto último no hay nada. Seguimos esperando.
