Lo que comenzó sin transparencia mantiene su opacidad y suscita sospechas. El acuerdo legislativo al que correístas, socialcristianos y Gobierno llamaron de ‘gobernabilidad’ jamás hizo pública una agenda mínima o una hoja de ruta, como ocurre en cualquier democracia seria. No se explicó siquiera de qué gobernabilidad se hablaba.

De los mismos gestores de ese acuerdo llegaron las reformas al Código Orgánico Integral Penal, las cuales sufrieron un traspié por el escándalo que se armó en la opinión pública al descubrirse que el paquete tenía un articulado para que delincuentes con sentencias condenatorias ejecutoriadas, como es el caso del expresidente prófugo, puedan facilitar sus pedidos de recurso de revisión con informes de organismos internacionales de DD. HH.

Es poco creíble y muy grave la denuncia, que apareció recientemente, de que en la Comisión de Justicia se adulteró el contenido del informe. Más grave aún es que nadie la haya denunciado públicamente cuando se dio el debate.

¿Qué es lo que se ha estado negociando dentro de la Asamblea? La interrogante sigue vigente puesto que mañana habrá un nuevo intento por aprobar las reformas bajo otros mecanismos que, se supone, evitarán que estas sean hechas a la medida de los intereses de impunidad del correísmo.