Lo que la fiscal general del Estado está haciendo es corroborar, llevando a la luz pública a través de los casos en curso, los secretos a voces que nadie se atrevía a develar, desbaratando todas esas ‘ignorancias’ increíbles sobre alianzas mafiosas y negociados que han generado indignación y hartazgo en la población. La Asamblea Nacional no tiene autoridad moral para distraerla o interferir en su labor, y mucho menos destituirla. Ante la corrupción y descomposición moral evidenciada en todos los niveles del sistema de Justicia, su accionar merece el apoyo de los demás Poderes del Estado, así como un blindaje por parte del Gobierno que garantice su integridad personal y la de su familia, y la continuación de las investigaciones en marcha y los procesos en desarrollo, pero con independencia, sin la pretendida intervención de una comisión integrada justamente por miembros de los dos partidos políticos involucrados en ellos.

Que la Asamblea no haya sido capaz de aunar criterios y pronunciarse a favor de esta valiente funcionaria es incongruente y contrario a los intereses de la nación. Ella cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, que ve por fin un trabajo efectivo y valeroso contra la delincuencia organizada y la impunidad. Al ser los asambleístas representantes de la voluntad popular están obligados a votar hoy a favor de la resolución de apoyo a la fiscal. No tienen opción.