Ecuador se ha acostumbrado a que las arbitrariedades, leguleyadas y torceduras de procesos por parte de jueces, fiscales y autoridades en general no pasen de una denuncia por parte de medios de comunicación y de ciertos ciudadanos valientes, y a que en la mayoría de casos estas transgresiones queden impunes. Pese a que la población está hastiada de que esas decisiones fraudulentas pongan en libertad a delincuentes sorprendidos en flagrancia, o a miembros e incluso a bandas enteras de asaltantes o a cabecillas del crimen organizado, no se da paso por parte de las instituciones que rigen la justicia en el país a ninguna acción para autodepurarse. Tampoco las demás funciones del Estado que podrían intervenir o plantear las medidas necesarias para iniciar los cambios que se requieren, que incluyen reformas a la Constitución, toman la iniciativa para empezar el largo camino de la transformación que el país demanda con urgencia.

El reciente asesinato de cuatro menores de edad ha conmovido a la comunidad, pero no lo suficiente como para remecerla y hacer reaccionar a la nación entera con contundencia. La Alcaldía de Cuenca ha lanzado un grito con la finalidad de preservar la paz en su ciudad, y su propuesta de exponer los rostros de los corruptos debe ser respaldada por todos los ecuatorianos que exigen que se ponga un freno efectivo a la delincuencia que nos ahoga, y que se empiece ya.