Las instituciones de supervisión y control son puntos de quiebre y vulnerabilidad del Estado ecuatoriano. A la UAFE le fallan a menudo los controles de lavado de activos; la Superintendencia de Compañías no puede explicar la consumación de un desfalco de centenas de millones al Isspol; la Contraloría fue incapaz de detectar los latrocinios a mansalva que ocurrieron en el gobierno anterior y ha pasado ignorada en el actual; al Banco Central le extrajeron $ 8.000 millones sin que la Superintendencia de Bancos diga esta boca es mía. La Asamblea se ha erigido en promotora de la alcahuetería de la corrupción; la administración de la justicia es lerda, al punto que son las cortes americanas las que juzgan a los ladrones de cuello blanco; el Ejecutivo, finalmente, optó por ignorar las denuncias de corrupción en el IESS y la entrega de los hospitales, premió con embajadas y consulados a muchos de los que fueron cuestionados.

Es una falla sistémica en instituciones llamadas a proteger el bien público. Su ineficiencia pasa facturas de incapacidad, inefectividad y complicidad de silencio en una suerte de “omertá”. Es, paradójicamente, el andamio que permite la erección y crecimiento de la corrupción endémica que nos aqueja.