El pueblo ecuatoriano lo conforman todos quienes habitan en Ecuador. En las protestas de octubre de 2019 contra la eliminación de subsidios a los combustibles, la mayor parte de ese pueblo vio su vida afectada por la violencia de un sector de la población que generó caos y amenazó la seguridad ciudadana. La quema del edificio y archivos de la Contraloría, los daños en el casco colonial de Quito, la destrucción de instalaciones de la Policía y la Fiscalía; saqueos e intimidación a barrios, empresas y negocios que no plegaban al paro; la suspensión del paso de petróleo y amenazas de interrupción de servicios básicos y telecomunicaciones, el secuestro de policías, el atentado a un medio de comunicación, el cierre de vías… Son delitos mayores que generaron conmoción, anarquía, desconcierto. Tuvieron al país en vilo, lo paralizaron. Se vivió una situación muy cercana a la guerra civil, y la expectativa de la mayoría del pueblo era la de recuperar la paz interrumpida por unos pocos; exigía la acción efectiva de la fuerza pública. Resulta por eso inconcebible y absurdo que el informe de la Defensoría del Pueblo acuse al Estado y altos mandos de la fuerza pública de crímenes de lesa humanidad contra la sociedad civil. El informe solo defiende a un grupo vandálico.