No hace falta argumentar respecto al enorme valor social que representan las instituciones educativas. Aceptada esta premisa, es grave el daño que sufre una república cuando pierde patrimonio educativo-institucional; por tanto, evitar que así continúe sucediendo debe ser, sin negar las dificultades que la actual situación impone, un asunto de máxima prioridad.

Las escuelas, los colegios o las universidades no son mejores o peores por su condición de públicas, privadas o cofinanciadas. Las hay simplemente buenas y malas. Con ello por delante, las instituciones educativas que tienen financiamiento privado también están sufriendo por la pérdida de poder adquisitivo de los padres de familia, que se atrasan en el pago de pensiones, hecho que genera dificultades reflejadas en incumplimiento de los salarios y que en algunos casos ha llevado al cierre institucional. Frente a esas situaciones no cabe mirar con impavidez, cual si se tratase del cierre de cualquier negocio particular. El que una institución académica deje de funcionar por razones inherentes al financiamiento de su noble actividad, debería dar lugar a las correspondientes acciones de protección orientadas a evitar que dicha calamidad pública se consolide. Una reserva para ese propósito sería deseable.