La lucha contra la corrupción tiene que ir más allá de los diagnósticos, las denuncias y las expresiones de asombro. Bien se hace al señalar al factor educación como una de las claves; pero lo allí logrado funciona a largo plazo y por ello mismo, se debe comenzar ahora. Pero se requieren soluciones rápidas.

En teoría la obligación de fiscalizar la gestión de los organismos de control la tiene la Asamblea Nacional y en esa determinación constitucional se da “el nacimiento de la tragedia”. Sabemos cómo está integrada la Asamblea. Salvo excepciones, no tiene ningún peso ético. Ahora mismo sus miembros están bajo vigilancia de la opinión pública en razón de las denuncias de los medios de comunicación colectiva que han obligado actuar a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Función Judicial. La mayor parte de sus actividades de derivan de investigaciones realizadas en el extranjero o por la prensa local.

Sintetizando, vivimos como náufragos en un mar de impunidad y nadie fiscaliza a quienes tienen el deber de controlar, ni estos a quienes manejan fondos públicos. Esa inercia respecto a la vigilancia de su manejo determina que muchas denuncia se mantengan represadas mientras otras son priorizadas. Ya se sabe: no hay control sin democracia, ni democracia sin control.