En general, la obra pública genera plusvalía, revalorizando los predios y bienes inmuebles del sector donde se levanta. Es un beneficio que el Estado grava vía impuestos. Sin embargo, cuando esa obra pública genera depreciación de las propiedades privadas, el Estado no concede ningún tipo de compensación para retribuir la desvalorización.

El caso de los malos olores que emanan las lagunas de oxidación no es el único. Similar situación han experimentado por décadas las viviendas aledañas al Salado. Pero la afectación al valor de las propiedades también obedece a otras causas, como ocurre con las edificaciones habitacionales y comerciales ubicadas en las calles por donde pasa la Metrovía, tras la implementación de un carril exclusivo para el transporte público que eliminó sitios de estacionamiento, anulando la actividad mercantil. Similares circunstancias podrían repetirse con la nueva ciclovía. Y ni qué decir de las zonas de la ciudad azotadas por la delincuencia, donde vivir se vuelve riesgoso y donde restaurantes, oficinas y negocios se ven perjudicados con la baja de clientes debido a la creciente inseguridad.

Se debería retribuir a la ciudadanía, vía rebaja de tributos, el perjuicio ocasionado por una obra pública mal concebida, mal ejecutada o mal mantenida.