Es el cargo el que hace al hombre y no el hombre el que hace al cargo. Al menos, en cuanto a institucionalidad se refiere. Dicho de otra manera, cuando se trata del presidente de un país, del contralor, del fiscal general, del defensor del pueblo y de cualquier otra función de altísima responsabilidad, lo relevante es la función asignada. No quien la ejerce. Quien está en el cargo es reemplazable, en función de su desempeño. Lo importante es que quien asume el rol lo haga estando a la altura del encargo.

Ecuador tiene hoy demasiados ejemplos -y la lista está viva y crece- de personas que, tras hacerse con un puesto de jerarquía, creen ser dueños incuestionables e insustituibles del trono. Como si la Contraloría dejase de tener ese nombre y adoptase un apellido humano. O la Defensoría. O la Municipalidad de Quito. O la Prefectura de Pichincha. O la Municipalidad de Guayaquil.

Con o sin sanción penal de por medio o en camino, ese tipo de cargos de designación o de elección tienen tal responsabilidad de cara a sus ciudadanos que no pueden recaer en manos de alguien que ha perdido la confianza pública. Que están señalados por lo que han hecho hasta ese momento en ese cargo. Dar un paso al costado en lugar de despachar desde la prisión preventiva o el arresto domiciliario sería lo mínimo en alguien que respeta más al país que a su orgullo.