La toma de posesión de mando de Guillermo Lasso se dio casi a la par de la elección de las nuevas autoridades de la recién estrenada Asamblea Nacional. La intención de colaborar y de llegar a acuerdos para sacar adelante al Ecuador, expresada por las cabezas de ambas funciones del Estado, generó un ambiente de optimismo que empezó a desvanecerse aceleradamente tras las denuncias de corrupción que pesan sobre algunos de los asambleístas y por los cuestionados comportamientos de otros, igualando o hasta llegando a superar a la anterior Asamblea en cuanto a desprestigio y falta de credibilidad. Lejos de legislar y fiscalizar en pro del desarrollo y el saneamiento ético de la nación, su accionar se ha limitado al autoencubrimiento y a procesos vanos.

El país espera poder llevar a cabo los cambios ofrecidos por el Ejecutivo en la campaña, y los compromisos políticos y los intereses particulares no deben obstaculizar su puesta en marcha a través de bloqueos interpuestos por los asambleístas, obedeciendo a agendas cuyo único objetivo es hacer oposición a cuanto planteamiento presente el Gobierno.

La autodepuración de la Asamblea debe ser en este momento la prioridad de la Primera Función del Estado. Si no cumple este requisito insalvable se constituirá en un ente fallido.