Editoriales

Asumir los riesgos

Nadie, en absoluto, está por encima de la ley.

Los cargos públicos son para ejercerlos con responsabilidad, asumiendo los riesgos que esto implica; pero también tienen fecha de caducidad y contra el tiempo no hay adversario posible. Por lo tanto, todas las decisiones u omisiones que se tomen durante ese periodo son de entera responsabilidad del funcionario que ejerció el cargo. Es inadmisible entonces, por decir lo menos, que se pretenda vivir eternamente de las canonjías de la función pública a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos para protegerse ellos o sus familiares. Toda acción tiene una consecuencia y quien tema por su seguridad, con razón o sin ella, deberá asumirlo con su peculio y ajustarse a lo que manda la normativa legal, pero sobre todo la ética.

Si a cada secretario de Estado que termina sus labores se le subsidiase un equipo de custodio a discreción, el país estaría desfinanciado. Ya se anunció la reducción del presupuesto a la educación, el sistema de salud es crítico y el desempleo ahoga a los sectores productivos. Es ahí donde deben destinarse los recursos y no para cuidarles las espaldas incluso a quienes están presos o prófugos de la justicia por casos de corrupción. Nadie, en absoluto, está por encima de la ley.