Una cosa es protestar y presionar al poder y otra desestabilizar. Una cosa es salir a las calles y otra destruir la convivencia. El artífice de uno de los últimos episodios de agitación social que se salió de control y cuyas consecuencias económicas y penales aún siguen impagas es hoy líder del movimiento indígena.

Irrespetando incluso sus disposiciones internas de alternar la dirigencia con una mujer, hoy las bases arcoíris tienen de representante a un fundamentalista que se aferra a unas ideas sobre subsidios por más que no haya beneficio económico para los más desfavorecidos y solo para las pudientes mafias de contrabandistas.

El Gobierno ha colmado de guiños su relación con el brazo político indígena y ha llevado sus gestos, ya sean sinceros o calculados políticamente, al territorio en aras de no azuzar unas movilizaciones que podrían frustrar las prioridades nacionales que no distinguen de tendencias o etnias: economía y vacunación.

La elección de esa directiva hará más difíciles los acercamientos políticos cuando toque negociar entre el colectivo y las autoridades los asuntos de mayor fricción. Eso, sin olvidar, el fraccionamiento interno del movimiento.