Ecuador enfrenta nuevamente la necesidad de reestructurar la deuda pública externa. El júbilo de pocas semanas atrás se transformó en jaqueca por la demanda judicial interpuesta por un grupo de bonistas contra la República. El tema es simple: los tenedores de la serie de bonos de 2023 y 2024 no aceptan la oferta del gobierno y piden más. 

El Ministro de Finanzas decidió prepagar bonos sobre los cuales pesaban garantías reales (oro y encaje adicional de bonos) cuyo pago podría haber sido acelerado. Al hacerlo rompió la regla de ‘pari passu’, de trato igualitario. El Gobierno deberá ahora pedir una extensión de plazo para evitar caer en cesación de pagos mientras se ventila el litigio en la Corte de Nueva York. El objetivo es el de negociar una fórmula de pago que no cause efecto de caja inmediato en un fisco desamparado que tiene otras prioridades extremas y un país sin acceso a los mercados de capital. La tarea continuará luego en el tramo bilateral con China, lo que requerirá mucha inteligencia y capacidad de manejo político.

Es la manifestación lacerante de las oportunidades perdidas en medio de la mayor prosperidad que el país vivió, parece mentira, hace poco más de un lustro.