Este año se cumplen 25 años de la publicación del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo capítulo VI trató sobre ‘La situación de los derechos humanos de las personas detenidas en el marco del sistema penitenciario’. En el primer párrafo de dicho capítulo, la CIDH sintetizó que los problemas del sistema penitenciario ecuatoriano a mediados de los años noventa derivaban ‘primero: de los retrasos en el sistema de justicia penal, lo que conduce a la sobrepoblación en las cárceles y, segundo: el inadecuado suministro de los recursos para suplir las necesidades básicas’. En un cuarto de siglo, la situación en las cárceles empeoró: hoy el Estado luce derrotado.

Este año 2022 la CIDH publicó un informe temático titulado ‘Situación de personas privadas de libertad en Ecuador’, elaborado a partir de la visita de trabajo que ella realizó al Ecuador del 1 al 3 de diciembre de 2021. En su primer párrafo, la CIDH destacó la renuncia del Estado a cumplir su rol de control y de rehabilitación de la población carcelaria: ‘Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral’. Abandono y ausencia como las bases de la derrota del Estado.

En estos 25 años lo que ha ocurrido es que hemos pasado de los abusos cometidos en prisiones controladas por el Estado a los abusos que ocurren en prisiones que el Estado ya no controla. El reciente informe de la CIDH es elocuente: ‘En las cárceles del Ecuador, el control efectivo de los pabellones lo tienen los propios internos’, que tienen sistemas de auto-gobierno en los que los líderes de las bandas criminales ‘cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a Internet y teléfonos, y otros servicios’. Los internos, constató la CIDH, tienen las llaves de sus pabellones.

Con el paso de los años, los dos problemas que había detectado la CIDH en su informe del año 1997 se han agravado. El primero, los retrasos en el sistema de justicia penal han degenerado en ‘políticas que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a la inseguridad, a través de privilegiar la aplicación de prisión preventiva y de la obstaculización de imposición de beneficios penitenciarios dirigidos a la excarcelación’. Se ha ido de mal en peor.

Sobre el segundo, el ‘inadecuado suministro de los recursos para suplir las necesidades básicas’, el informe de la CIDH del 2022 presenta números que lo documentan: ‘el presupuesto para el sistema penitenciario era de 153 millones de dólares en 2017, de 131 millones de dólares en 2018, de 90 millones de dólares en 2019, de 88 millones de dólares en 2020, y de 54 millones de dólares en 2021’. Y es que disminuyó el presupuesto, pero en ese mismo período aumentó el número de presos (?). Todo es una receta para que las cosas salgan mal.

Que es como han venido saliendo por más de 25 años, y contando.