El tráfico, compra y obtención fácil de carnés de discapacidad ha sido un gran negocio tanto de traficantes como de beneficiarios. Estaba oculto y hoy sale a la luz pública. Es corrupción que descubre una red, la identidad de quienes los obtuvieron y beneficios de compradores y vendedores. 

Es singular este mafioso negocio. Evidencia que quienes lo merecían y necesitaban no lo podían obtener (niños con cáncer, síndrome de todo tipo, mutilados, etc.). Se los negaban y demoraban. Pero los mercaderes del IESS y Ministerio de Salud los daban por un centenar de dólares. Los que no tenían dinero, ni vínculos con ellos no los conseguían. Hoy sabemos nombres de varios beneficiarios y llena de estupor. Ahí están ladrones de medicinas y fondos de emergencia del IESS y Ministerio de Salud. Todos vinculados a líderes conocidos del populismo: el circulo de jóvenes corruptos y sapos del robo clandestino. También están actuales funcionarios públicos: Consejo de Participación Ciudadana, asambleístas, alcaldes, gobernadores, médicos del IESS y hospitales, jueces y más inmorales. 

El tráfico y compra de carnés de discapacidad evidencia la fragilidad de instituciones públicas, administradas por esos traficantes. Revela la ineptitud de autoridades que las controlaban. A ellos se les debe otorgar certificado de incapacidad mental y de ceguera administrativa (100 %). Además deben ir presos esos funcionarios negligentes, torpes y compradores.

Quien escribe estas líneas, por cirugía tiene 60 cm menos de intestino, 50 % de pérdida de un ojo e hipermetropía, etc. Sin embargo trabajé honradamente 40 años como profesor universitario y nunca me atreví a buscar tal carné de discapacidad. La ética y moral que me dio mi madre montuvia no lo permiten. Ahora es preciso reparar el daño infringido a los verdaderos necesitados y dar a conocer los nombres de los sinvergüenzas traficantes y compradores, y de los funcionarios que los otorgaron. Así lo exige la moral pública, la decencia y la ciudadanía. No es tarde aún para comenzar a construir un Ecuador transparente. Los autores del latrocinio y los compradores que quiebran ética y valores no deben seguir impunes y libres. El país debe conocer sus nombres y cargos actuales para juzgarlos.