Columnas

Amor, política y religión

Se priorizan los matrimonios tradicionales, es decir los celebrados entre un hombre y una mujer, sin mencionar el matrimonio igualitario, aprobado tiempo atrás por la Corte Constitucional.

La última vez que fui a un matrimonio eclesiástico en una iglesia de Samborondón tuve ganas de salir corriendo cuando el sacerdote insistió en dos mensajes para los contrayentes: 1. La mujer le debe obediencia al hombre. 2. En el hogar hay solo una cabeza: la del hombre. Por fortuna era una pareja que llegaba al altar por amor, y es ese amor con sus derivados (respeto, paciencia, tolerancia y buena comunicación) el que, a mi juicio, permite una buena vida matrimonial.

He recordado aquel sermón de esa boda cuando llegó a mis manos el proyecto de ley orgánica de fortalecimiento de las familias del Ecuador, presentado por siete asambleístas y activistas provida el pasado 23 de enero, en el que se confiere a las autoridades eclesiásticas un poder que no cabe en un Estado laico como es Ecuador.

Se priorizan los matrimonios tradicionales, es decir los celebrados entre un hombre y una mujer, sin mencionar el matrimonio igualitario, aprobado tiempo atrás por la Corte Constitucional. Propone que los matrimonios religiosos tengan validez civil, para evitar, dice, una duplicidad de trámites... Si bien da valía a las bodas celebradas bajo los rituales indígenas tradicionales, no deja claro si son todos los rituales, o si se contemplan excepciones. Olvida que la Constitución reconoce a la familia ecuatoriana en su diversidad...

Los autores del proyecto han cuidado las palabras, buscando minimizar su impacto y presentarse solo como una manera de fortalecer a la familia. Piden, por ejemplo, ampliar a tres semanas la licencia de paternidad (actualmente de 15 días); otorgar descuentos en las escuelas, mínimo de 15 %, a partir del tercer hijo; salir dos horas antes del trabajo cuando los progenitores trabajadores tengan cumpleaños de los hijos o aniversarios de boda...

Vistas las propuestas de forma suelta, suenan bien, pero el fondo del proyecto de ley completo se intuye mal. Se entiende como una pretensión de imponer convicciones morales de la religión, mediante un filtro institucional que califique lo que puede verse y escucharse en el país.

El encargado de calificar los contenidos de la programación será una asociación de padres y madres de familia, en la que podrá participar con voz y voto cualquier ecuatoriano acreditado ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Esta asociación de familias tendrá como función “... valorar contenidos en televisión, radio y juegos”, más otras plataformas que distribuyan material audiovisual, como Internet.

Un retroceso, sin duda, en materia de derechos, bajo la inspiración de convicciones religiosas que parecen volver a la moda, sobre todo en grupos minoritarios de poder.

Pregunto opiniones en mi mesa, compartida por católicos tradicionales, cristianos evangélicos, luteranos, deístas... Por fortuna hay consenso en que la religión no puede y no debe mezclarse con la política. Y tampoco la política con el amor... Ay, Dios. Dejémoslo ahí. Que nos regalen una rosa por San Valentín.