Don Alejandro se muestra como un roble. Se niega a doblarse pese a tener, según sus palabras, la mitad de la sangre de cualquier persona normal. Me dice que es la consecuencia de las diálisis regulares a las que se somete en el IESS, después de que la compañía internacional de seguros a la que está afiliado dejó de pagar su tratamiento contra el cáncer.

Tal parece que la compañía de seguros médicos que contrató le apuesta a su muerte, a que su cuerpo no resista más y deje por tanto de reclamar. Al menos así lo cree su familia, llena de indignación por la injusticia.

En 2018, don Alejandro fue sorprendido con un cáncer y especialistas en Guayaquil le sugirieron buscar la medicina más avanzada en el exterior, pues contaba con un seguro internacional… Fuera del país se realizó sus primeros tratamientos hasta que el hospital donde acudía le negó atención porque su compañía de seguros decidió no pagar. Había emitido cartas de garantía, pero no las honró. Así empezó su calvario.

Las reclamaciones legales hallaron respuesta en la Superintendencia de Compañías; en la Procuraduría General del Estado, en la Defensoría del Pueblo. A la larga, todas estas entidades le dieron la razón a don Alejandro, pero no la justicia, no todavía. Una jueza otorgó a la firma internacional de seguros una medida cautelar que suspende la cobertura de los gastos médicos, hasta que se resuelva un juicio ordinario de nulidad interpuesto por la compañía de seguros contra su cliente, acusándolo de engaño por supuestamente haber ocultado una enfermedad preexistente. Le cambia el rostro a don Alejandro cuando me lo cuenta, explicando que todos los médicos que lo han examinado, dentro y fuera del país, han dicho hasta la saciedad que era imposible tener conocimiento previo del cáncer que desarrolló.

Su vida es un milagro, pues ya se ha visto frente a frente con la parca varias veces y no sabe si la vencerá o lo vence primero. Pero da la lucha, abrazado a la luz de un faro de esperanza que ve encendido: La Corte Constitucional. Ese máximo organismo de la justicia ecuatoriana ha seleccionado su caso, porque la medida cautelar que favorece a la compañía de seguros tiene parámetros de gravedad y novedad para emitir jurisprudencia. A la par, hay una denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura, que la admitió y remitió a la sala penal de la Corte Provincial del Guayas.

De que voy a ganar, voy a ganar, me dice, solo no sabe si le alcanzará la vida. Teme que su salud siga deteriorándose y las planillas por pagar, aumentando. Lo que no deja de cumplir, cada primero de mes, es el pago del seguro de salud. Sí, más de 800 dólares mensuales, porque su seguro debe continuar vigente, aunque no le sirva. Es una trampa, que se ha disfrazado de medida cautelar, creando un terrible precedente.

La abogada de don Alejandro se llama María Pía y es evidente que se ha vuelto una experta en estos temas, asegurando que según la Superintendencia de Compañías, solo el 1% de las reclamaciones contra las firmas de seguros llega a instancias legales, por desconocimiento de la ciudadanía, por temor a los trámites engorrosos que hacen a los afectados, aceptar cualquier arreglo o mínima compensación. En ese 1% de las reclamaciones que van hasta las últimas instancias, la compañía de seguros puede llegar a ser sancionada con la disolución, aunque luego de un proceso formal. En su caso no es lo que buscan. Solo justicia. Salvar o prolongar la vida de un hombre de 63 años que sueña con ver crecer a sus nietos. ¿Es demasiado pedir que alguien le ponga el cascabel al gato? En este caso a las aseguradoras médicas que actúan con negligencia y dolo?