No se necesita ser un sibarita para entender que no es lo mismo un almuerzo servido apenas esté listo, que comerlo recalentado y a destiempo. Si es un filete, se endurece; si son mariscos, se vuelven cauchosos. Así lo explica la jefa de la gastronomía familiar, mi madre, quien aún a sus ochenta y tantos amenaza fuerte si te demoras para sentarte, cuando ha llamado a la mesa.

Valga la introducción doméstica para compararla con lo que acaba de aprobar el CAL, el Consejo de la Administración Legislativa, de calificar el pedido de juicio político contra la ministra María Paula Romo. Bájese de la nube, amigo lector, si cree que el llamado a juicio es por el cacareado reparto de hospitales que ella ha negado sin bajar la mirada. No. El pretendido enjuiciamiento es por el uso de bombas lacrimógenas supuestamente caducadas y la tardía convocatoria del comité de protección a los periodistas, cuando un grupo de ellos fueron secuestrados en el ágora de la Casa de la Cultura.

Sí, 7 meses después se pretende llevar a la ministra al Pleno de la Asamblea con el fin de interpelarla por lo ocurrido en aquellas jornadas desestabilizadoras de octubre, como si no hubiera corrido demasiada agua bajo el puente; como si estos hechos no hubiesen sido tratados y explicados hasta la saciedad, y sin que estén tras las rejas los responsables de caotizar el país, y haber convertido al centro histórico de Quito en una zona de guerra.

Cuando María Paula Romo vaya a la Asamblea, si el trámite avanza como parece, será la ocasión número 38 en que acuda al Legislativo y lo hará cuando este Poder del Estado atraviesa su etapa más oscura, con la credibilidad por los suelos y unos 60 asambleístas enfrentando problemas con la justicia.

Hace poco el portal periodístico La Posta reveló un listado con 58 nombres, bajo el título: La Lista de Investigados en la Asamblea. Entiendo que no son todos los que están, ni están todos los que son, pero de cualquier manera es vergonzoso para el país que más del 40 % de sus legisladores estén enfrentando investigaciones judiciales.

Hoy más que nunca es preciso destacar y diferenciar a los asambleístas que actúan con dignidad y resultan ejemplares. Pero por desgracia son pocos. A ellos apelamos para aprovechar el poco tiempo que les queda en sus curules y avanzar más en legislación y menos en el show. Que acepten de una vez por todas que la fiscalización es una tarea que les quedó pendiente, tanto como la autodepuración. Buena parte de sus malos elementos siguen en sus curules, sin sonrojarse siquiera cuando llaman a juzgar a otros, cruzando los dedos para no ser juzgados ellos.

Un juicio político a destiempo por temas que dejaron de ser urgentes, resulta inexplicable cuando hay otras necesidades prioritarias para el país como la Ley de Extinción de Dominio.

¿Queremos recuperar lo robado? Pues empecemos con una ley. Más aún tras el fallo del Tribunal de Casación que confirmó la sentencia del caso Sobornos, contra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, varios exministros de Estado y empresarios privados, hallados culpables de “la existencia de una estructura criminal conformada tanto por funcionarios públicos y por personas privadas, contratistas, que se beneficiaban de la contratación a cambio de entregar sobornos…”. Así lo dijo la fiscal Diana Salazar el pasado 7 de septiembre, día histórico, al declarar que “todo el Ecuador ha sido vencedor”. Bien por la justicia, bien, pero ¿y la reparación? ¿Cómo recuperamos el dinero que se feriaron bajo esa estructura criminal?

En redes sociales circula un meme con la imagen del ex candidato presidencial Vladimiro Álvarez Grau, como si reclamara una vez más “¿Y dónde está la plata?”. La demanda es de todos y somos muchos los que miramos a la Procuraduría General del Estado esperando respuestas y sobre todo a la Asamblea, donde es preciso sacudir el show y la vergüenza. Ya pasó el tiempo de interpelar por los hechos de octubre... Ya pasó la hora del almuerzo, ya pasó el día. Y ha llegado otro.