Rosa Torres: Los atuneros jamás debieron recibir diésel subsidiado
Lo cuestionable es que 29 empresas reciban millonarios subsidios por el diésel que utilizan sus barcos
La mayoría de los subsidios a los combustibles no ha beneficiado a los más pobres. Y una de las razones es que los más pobres no tienen industrias, no tienen tractores y mucho menos barcos atuneros. Los más pobres tampoco tienen vehículos a diésel, transportes de pasajeros o flotas de buses intercantonales e interprovinciales.
Sí, es cierto que la población utiliza los transportes para movilizarse o para trasladar productos a los mercados, o desde estos a sus viviendas. Si en algún momento el Gobierno llega a eliminar el subsidio al diésel que utilizan los transportistas, lo obvio es que el costo del pasaje aumente, al igual que los precios de todos los productos.
Pero ahora no estamos hablando del subsidio al diésel para el transporte, que ya desde hace años debió haber sido focalizado, sino del combustible que utilizan las flotas atuneras.
Sí, es cierto que hay pobres trabajando en las industrias o barcos atuneros. Pero, ¿se han preguntado esos pobres cuánto atún han capturado los barcos de esas 29 empresas que han sido beneficiarias de 42 millones de dólares por el subsidio al diésel, en los primeros cinco meses del 2025?
Si el atún exportado el año pasado generó 1.578 millones de dólares a la industria, que seguramente no fue compartido ni con los trabajadores ni con el pueblo, ¿por qué el Estado debe seguir subsidiando el combustible de sus barcos?
Ni ahora, por la crítica situación económica del país, ni después -tampoco antes- se puede permitir que 29 empresas absorban el 60 por ciento del valor del subsidio del diésel. Estamos hablando de 116 o 120 embarcaciones atuneras que han hecho uso de un subsidio, en desmedro de los verdaderos necesitados.
No estoy en contra de los subsidios temporales para mejorar la economía del país, pero sí de aquellos que se crearon en algún momento de crisis y que se perennizaron en el tiempo, volviéndose intocables.
El país tiene que transparentar sus costos y más aún en estos tiempos en los que la tecnología permite que se puedan medir más claramente las necesidades de la población. Un subsidio que beneficia a los que más tienen es condenable.
