Desde hace veinte años una parte de los ecuatorianos sabíamos que había cuentas del real crecimiento de la economía ecuatoriana que dejaron de cuadrar con el dinero que ingresaba al sistema financiero y con el circulante entre la población. Por tanto, algo estaba pasando y ese algo era que había comenzado a operar una inmensa cadena de lavado de activos en el país, que ahora tiene un tamaño descomunal.

Los gobiernos de turno, desde el año 2001 hasta ahora, hablaron frecuentemente de crisis económica, de contracción del mercado, de reducción de las exportaciones, de bajos ingresos fiscales, pero ninguno de ellos hizo lo suficiente para fortalecer al sistema financiero y los demás sistemas de control del dinero para evitar el lavado de los recursos provenientes no solo del narcotráfico sino de los secuestros, el tráfico de armas, el sicariato y el contrabando. Y también de actividades ilícitas e ilegales como la defraudación fiscal, el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito.

Para diciembre de 2009, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso al Ecuador en su lista negra, eran tantas las fallas que había en los sistemas de control de lavado de dinero que el país tardó seis años en salir de esa nómina. El fortalecimiento del marco legal y regulatorio satisfizo los compromisos adquiridos con el GAFI, pero olvidó el desmontaje de las estructura en expansión.

Para 2017 el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) cifró en 1.200 millones de dólares el dinero sucio que se había lavado en el sistema financiero de Ecuador entre 2007 y 2016. La estimación aumentó a 3.500 millones solo en el año 2021, cuando el país aún sufría por la pandemia del covid-19 y la economía colapsaba.

El caso Metástasis, más otros procesos judiciales anteriores, han puesto en evidencia el altísimo nivel de operación de los grupos criminales, a través de múltiples empresas fachadas, apoyadas por estudios jurídicos que han ingresado miles de millones de dólares a la economía ecuatoriana. Y entonces cabe la pregunta a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y a los bancos: ¿por qué no respondieron a las alertas? ¿O acaso los sistemas están diseñados para que fallen?