Rosa Torres Gorostiza | Autoritarismo: el riesgo para la democracia ecuatoriana
El autoritarismo crece cuando la ley se tuerce en beneficio del poder político
Solo los dictadores desconocen la Constitución y las leyes de una república, usurpando el poder por la fuerza. En su afán de control, no respetan los derechos fundamentales ni la propiedad. Esta distorsión de la realidad llega incluso a la manipulación de hechos para confundir a la sociedad y ganar apoyo. Lo que antes parecía impensable, hoy es una realidad palpable en Ecuador.
El pueblo ecuatoriano comienza a sentir cómo el autoritarismo se infiltra en las instituciones del Estado. Recientemente, hemos visto a ministros de Estado, que deberían ser garantes de la ley, actuar como fiscales, emitiendo juicios antes de que los tribunales se pronuncien. Llamar “criminales” a ciudadanos aún en proceso de juzgamiento no solo es irresponsable, sino peligroso para el sistema de justicia. Son estos mismos servidores públicos los que firman intervenciones ilegítimas, violando la ley para favorecer intereses políticos personales.
Un claro ejemplo de esta “’dictadura legalizada’ es la intervención de la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA. La Superintendencia de Compañías emitió una resolución que declara la intervención, alegando que el objetivo es supervisar su marcha económica y corregir irregularidades advertidas. Sin embargo, lo que realmente se busca es controlar la información estratégica de la empresa. Se exige acceso a información confidencial y reservada sobre contratos con clientes, proveedores y agencias de publicidad.
La verdadera intención detrás de la intervención es despojar a los medios de comunicación de su capacidad para operar independientemente, destruyendo a uno de los pocos actores que aún informa a la sociedad. Mediante esta acción, el Gobierno busca acceder a secretos comerciales y datos sensibles que podrían perjudicar la libertad de prensa y la autonomía empresarial.
Este tipo de maniobras solo se ven en regímenes autoritarios que tratan de someter a los medios de comunicación para imponer su narrativa y evadir la rendición de cuentas. Así no se actúa en un régimen democrático. En una democracia verdadera el Estado respeta las leyes, la independencia judicial y, por supuesto, la libertad de prensa.