Columnas

Ley de Urbanidad, Moral y Cívica, vigente

"La educación está pervertida. Los hogares ya no forman en valores. La urbanidad, honestidad, moral, ética y buenas costumbres no existen"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pide a todos los países que eliminen restricciones al aborto (incluso niños y adolescentes). Que ofrezcan cirugías de reasignación de sexo y supriman límites penales a relaciones sexuales extramatrimoniales, prostitución y homosexualismo. Estas normas de la OMS incluyen asesoramiento sexual y defensa del aborto barato y riesgoso. Son “aclamadas” como “de gran importancia para transexuales, intersexuales, lesbianas, homosexuales y transgénero” para no estar en conflicto con “sus leyes”. Ampara a médicos abortistas que promueven la despenalización del aborto y cirugías de cambio de sexo. Lo llaman “salud sexual”. Muchos Estados miembros de la ONU están en contra.

Tedros Adhanom Ghebreyesus es, desde mayo 2017, director general de la OMS. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía (2012 a 2016) en África. Es político y burócrata “progresista”.

La degeneración sexual, desvergüenza y pérdida de valores como robos, cohecho, concusión, desfalcos, fraudes, atracos escandalizan a Ecuador y al mundo. Los hospitales públicos de Ecuador están llenos de hampones. Múltiples entidades públicas están “podridas”. Desde presidentes de la República, vicepresidentes, ministros de Estado, legisladores, prefectos, alcaldes y todas las funciones del Estado escandalizan por corrupción. Son delincuencia organizada.

La educación está pervertida. Los hogares ya no forman en valores. La urbanidad, honestidad, moral, ética y buenas costumbres no existen. Las OMS atenta contra la ética, la moral, pública y privada. No hay “sentido de responsabilidad”.

La Ley de Urbanidad, Moral y Cívica está vigente. Fui su autor. Cuando ejercí como diputado (1990-1992) la aprobó el Congreso Nacional. Rodrigo Borja paralizó el trámite, pero fue promulgada y publicada por Sixto Durán Ballén. Existe desde 1992.

Trump activa una política anticorrupción cancelando visas a políticos corruptos (incluye los de Ecuador) por desvío de fondos, robos y desfalcos.