Cynthia Viteri, alcalde de Guayaquil, ha comprado dos millones de vacunas contra COVID-19 en $15 millones para un millón de guayaquileños en primera línea de lucha contra la pandemia o grupos vulnerables. Ha dividido la ciudad en 80 puntos de atención que incluirán espacios que instale la empresa privada. Solo falta el aval del Gobierno por decreto ejecutivo o del Ministerio de Salud Pública (MSP). Pero no lo otorga. Exige certificación de laboratorios internacionales que las producen. La burocracia central (Quito) quiere que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) autorice la importación. Que consultaron a la Procuraduría del Estado, pero tardarían 3 meses. Luis Sarrazín, exministro de Salud y veedor de la comisión: la “Procuraduría no tiene nada que hacer en vacunas. Son trabas y cortapisas en perjuicio de la salud de los guayaquileños”. Arcsa no tiene recursos para revisar su idoneidad. La burocracia hace cometer errores al MSP. Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil indicó: “lo político tiene que aunar esfuerzos. No se trata de quién es primero o segundo, esas miserias humanas deben ser desterradas”. Marcia Gilbert, en representación de la academia, dijo que la burocracia frena el desarrollo del país. Martha González, en representación de Cervecería Nacional, quiere ayudar en la vacunación. “Necesitamos un Ecuador reactivado y que las personas recuperen sus vidas”, dijo. Guayaquil creará un efecto dominó. Cynthia Viteri: “¿El Gobierno asumirá las muertes que van a haber por sus demoras y silencio? “¿Creen que no podemos atender a 150.000 personas por semana con pruebas, medicinas, ambulancia, hospitalización, atención respiratoria? ¿Saben cuánto invertimos el año pasado sin esa autorización del Gobierno? $ 35 millones para detener la enfermedad”. “No entiendo cómo el Gobierno, teniendo un municipio que realizará la vacunación de un millón de personas, manda solo papeles. Y por cada letra, muere un guayaquileño más”. Desde el 18 de febrero hasta hoy, cuando aún no hay respuesta del Ejecutivo, han muerto 260 personas solo en Guayaquil y 1.800 más morirán.