No se trata del libro escrito por Louis Pauwels y Jacques Bergier publicado en 1960 sobre temas de fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, esoterismo y su conexión con el nazismo, que después fuera llevado al cine.

Me refiero a los economistas ortodoxos que dicen tener la receta mágica que quisieron implementar en Ecuador desde la Constituyente de Montecristi en el gobierno anterior, del cual fueron excluidos por intransigentes, ingenuos e “infantilistas de izquierda”. Ahora, cual brujos alquimistas del pasado, aparecen como asesores mestizos de la Conaie en el llamado Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales, desde el cual han redactado la propuesta de un “nuevo modelo económico” bajo sus particulares criterios ideológicos sectarios, con la consigna de no eliminación de subsidios, no más impuestos, no reducción de gasto público ni cargos burocráticos y por el contrario, aumento salarial, aumento de puestos de trabajo y mayores beneficios sociales a las comunidades indígenas.

El dirigente Jaime Vargas que recorre el país, ha dicho que no han sido escuchados los últimos 12 años, y “esperan que se les permita construir ese concepto del Estado plurinacional por el que siempre ha luchado el pueblo indígena, donde todos y todas tomemos decisiones sobre el destino de nuestro pueblo”. Proponen incrementar la recaudación del Impuesto a la Renta a los 270 grupos económicos más importantes del país, además de aportar el 1 % de los activos que poseen, más el 5 % al patrimonio. Que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) baje del 12 % al 10 %, y aumentar el impuesto de salida de capitales del 5 al 10 %. Que el Banco Central no sea autónomo, que maneje el dinero electrónico, que los intereses activos para créditos hipotecarios sean del 4 % como máximo, se incremente el bono de desarrollo humano y se convierta en productivo. Dicha propuesta sectaria ocasionaría el descalabro económico del país, que necesita mayor inversión para la producción, con respeto al ordenamiento jurídico, a la libre empresa, a la propiedad y actividad privada, y al derecho de todos.